Mediante el Decreto 84\/2026, publicado este mi\u00e9rcoles en el Bolet\u00edn Oficial, el Gobierno nacional reglament\u00f3 la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad. La normativa define los procedimientos necesarios para poner en marcha un nuevo sistema de pensiones no contributivas orientado a personas con discapacidad, con la firma del presidente Javier Milei.
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La decisi\u00f3n responde a una sentencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, que declar\u00f3 la invalidez de un decreto anterior que hab\u00eda suspendido la ejecuci\u00f3n de la ley por falta de financiamiento y orden\u00f3 su aplicaci\u00f3n inmediata. Si bien el Estado nacional apel\u00f3 el fallo, la resoluci\u00f3n judicial oblig\u00f3 al Poder Ejecutivo a reglamentar la norma dentro de un plazo de 30 d\u00edas.<\/p>\n\n\n\n
Precisiones<\/p>\n\n\n\n
La reglamentaci\u00f3n precisa los criterios de acceso, las condiciones de permanencia, las incompatibilidades con otros beneficios, los procedimientos administrativos y los mecanismos de control del nuevo r\u00e9gimen de pensiones. Seg\u00fan los considerandos del decreto, el sistema deber\u00e1 articularse con las reglas de compatibilidad de ingresos y con las pol\u00edticas de inclusi\u00f3n laboral de las personas con discapacidad, con el objetivo de evitar superposiciones y garantizar una aplicaci\u00f3n coherente.<\/p>\n\n\n\n
El decreto tambi\u00e9n consolida cambios institucionales en la estructura del Estado. En ese sentido, incorpora formalmente a la Secretar\u00eda Nacional de Discapacidad dentro del organigrama del Ministerio de Salud, centralizando all\u00ed la pol\u00edtica p\u00fablica en la materia.<\/p>\n\n\n\n
La decisi\u00f3n se fundamenta en una \u201cconcepci\u00f3n integral del derecho a la salud y a la protecci\u00f3n social\u201d, que contempla dimensiones sanitarias, sociales, econ\u00f3micas y de acceso a derechos.<\/p>\n\n\n\n
Consejo Federal<\/p>\n\n\n\n
Entre los puntos centrales de la norma, se instruye a la Secretar\u00eda Nacional de Discapacidad a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para acordar los criterios de evaluaci\u00f3n socioecon\u00f3mica que se aplicar\u00e1n en el nuevo r\u00e9gimen. Adem\u00e1s, el organismo deber\u00e1 presentar ante ese consejo un plan de auditor\u00edas peri\u00f3dicas dentro de los 30 d\u00edas contados desde la entrada en vigencia del decreto.<\/p>\n\n\n\n
El texto tambi\u00e9n faculta a la secretar\u00eda a dictar las normas aclaratorias, complementarias y operativas necesarias para la implementaci\u00f3n del r\u00e9gimen y establece la conversi\u00f3n de oficio de las pensiones no contributivas otorgadas con anterioridad en la nueva Pensi\u00f3n No Contributiva por Discapacidad para Protecci\u00f3n Social. Para ello, la autoridad de aplicaci\u00f3n deber\u00e1 identificar, relevar y verificar las condiciones de las prestaciones alcanzadas.<\/p>\n\n\n\n
Medidas adicionales<\/p>\n\n\n\n
Las medidas adicionales que se definan en el marco del Consejo Federal de Discapacidad ser\u00e1n implementadas mediante esquemas de cooperaci\u00f3n y cofinanciamiento entre el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires, de acuerdo con sus competencias y disponibilidades presupuestarias.<\/p>\n\n\n\n
La reglamentaci\u00f3n entr\u00f3 en vigencia a partir del 3 de febrero de 2026, fecha de dictado del decreto, y constituye el paso operativo clave para la aplicaci\u00f3n efectiva de la Ley 27.793, en un contexto marcado por la judicializaci\u00f3n de su implementaci\u00f3n y el debate sobre su financiamiento.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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